MEDIOS :UNA LEY QUE NO ES SOCIAL

Febrero 2011

FJ.M. Martín Medem

“La nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual no cumple lo que anunciaba”

La trampa audiovisual contra las iniciativas sociales

La ley limita al 25% la presencia estatal del servicio publico, reduce al ámbito municipal las iniciativas sociales y regala el 75% de las licencias a los negocios audiovisuales

Con un reglamento técnico se introduce una exclusión política de enorme importancia al impedir el acceso social a los medios de mayor difusión

Centro de control de televisión./> 

En América Latina se están elaborando nuevas legislaciones para democratizar los medios de comunicación (la de Argentina es la mejor) que reparten las licencias de radio y televisión en partes iguales para el servicio público, los negocios audiovisuales y las iniciativas sociales.

En España parecía que esa era la intención de la nueva Ley General de la Comunicación Audiovisual al establecer “que la comunicación se preste a través de una pluralidad de medios (públicos, comerciales y comunitarios) que reflejen el pluralismo ideológico, político y cultural de la sociedad” y que se garantizaría un espacio suficiente “para atender las necesidades sociales, culturales y de comunicación específicas de comunidades y grupos sociales, así como para fomentar la participación ciudadana y la vertebración del tejido asociativo”.

Pero la ley no cumple lo que anuncia: limita al 25% la presencia estatal del servicio publico, reduce al ámbito municipal las iniciativas sociales y regala el 75% de las licencias a los negocios audiovisuales. Lo peor es la reclusión municipal de las iniciativas sociales. No podrán, por ejemplo, tener una radio o una televisión de difusión estatal o autonómica los sindicatos, las universidades, las asociaciones de consumidores o las coordinadoras estatal y regionales de las organizaciones no gubernamentales de cooperación para el desarrollo.

La reclusión social se impone mediante una trampa del procedimiento. En la declaración de intenciones, parecía que la Ley General de la Comunicación Audiovisual democratizaba el acceso a los medios con la igualdad en el reparto de licencias entre los
negocios y las iniciativas sociales pero -mediante una disposición transitoria- dejaba para un posterior reglamento “tanto el procedimiento de concesión de la licencia como la concreción del marco de actuación de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro”.

Y ya han hecho la trampa. En el proyecto de real decreto por el que se aprueba el reglamento técnico de los servicios de comunicación audiovisual comunitarios sin ánimo de lucro, el gobierno impone como zona de servicio la reclusión al ámbito municipal de las iniciativas sociales en radio y televisión. Añade además una segunda limitación: en localidades de más de 100.000 habitantes, las radios y las televisiones de carácter social “no podrán alcanzar una cobertura superior al 20% de la población del municipio”.

Con un reglamento técnico se introduce una exclusión política de enorme importancia, al impedir el acceso social a los medios de mayor difusión que resulta imprescindible para la democratización audiovisual.

Fuente

http://www.periodistadigital.com/periodismo/tv/2011/02/09/trampa-audiovisual-iniciativas-sociales-jose-manuel-martin-medem.shtml

——————————————————————————-http://radiochicharra.noblezabaturra.org

Por la regularización de las Radios Libres

Tenemos la palabra; queremos los hechos

Pocos derechos fundamentales han sido tan falseados y arrinconados durante el actual periodo democrático como el de la libertad de expresión.

No es demagogia. Se puede pensar que nada tiene que ver el panorama actual con el de hace 30 años. Los medios de comunicación se han multiplicado; tanto que l@s ciudadan@s no llegan a asimilar el flujo de mensajes que a diario le despachan desde los mass-media. Sin embargo, en esos mensajes el/la ciudadan@ siempre cumple el mero papel de receptor; ya sea de incentivos al consumo o de una información ya procesada y tamizada por el filtro de los intereses empresariales o políticos.

También es fácil creer que nuestros derechos fundamentales están protegidos por unaConstitución que tantas veces nos recuerdan y tanto reverencia la clase política. Derechos como los que emanan del artículo 20:

Se reconocen y protegen los derechos:

  • a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
  • a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión.

Las Radios Libres, en el Estado Español, son coetáneas a la misma Constitución y nacieron amparándose en este derecho fundamental. Son emisoras de carácter social y no lucrativo, financiadas por las cuotas de sus soci@s, sin publicidad ni dependencias económicas externas, y sin más directrices que las de la propia asamblea de soci@s. La condición de soci@ se adquiere aceptando unos estatutos, pagando una cuota y aportando algo de su tiempo a las actividades comunes. Nadie recibe remuneración por su trabajo.

Su razón de ser es intentar dar a l@s ciudadan@s y colectivos la posibilidad de trasladar y recibir directamente de otros ciudadanos ideas, gustos e inquietudes, así como participar en la formación de una opinión pública libre, solidaria, concienciada y no mediatizada por los grandes grupos de poder. Por ello, la actividad de las radios libres es uno de los más claros exponentes del derecho fundamental a la libertad de expresión. Esto mismo ha sido reconocido en repetidas ocasiones por instituciones internacionales como la UNESCO o la Unión Europea, y regularizado hace décadas en países como Francia, Italia, Reino Unido, Holanda, etc.

Debemos preguntar pues a nuestra clase política por qué hemos tenido que esperar 32 años a que las Radios Libres, cuya trayectoria es incluso anterior a la Carta Magna, sean por fin reconocidas en la nueva Ley General Audiovisual; por qué en estos años se han repartido hasta en cuatro ocasiones licencias entre empresas de radio sin dar cabida a las emisoras ciudadanas sin ánimo de lucro, y por qué se las ha mantenido todos estos años en un limbo legal sometidas a la presión de los cierres administrativos o a la indefensión legal frente las emisoras piratas comerciales que las ido arrinconando en el dial.

¿Libertad de expresión, libertad de empresa o simple comercialización de un derecho fundamental?

Hasta hoy, las instituciones aragonesas han sorteado su responsabilidad con cierta permisividad, la misma que hacia los especuladores del dial, o con declaraciones y propuestas favorables a las Radios Libres que en nada comprometían puesto que se carecía de ley marco sobre la que reglamentar. La Ley General Audiovisual es ya una realidad, y con eso ya no basta.

Durante la tramitación de la ley, los medios de comunicación «legales» han vuelto a desviar la atención de la ciudadanía y a presionar a las instituciones políticas en pro de sus intereses, para que sus licencias sean renovadas indefinidamente, el espectro público radioeléctrico se reparta con criterios empresariales, se aumente el minutaje de publicidad o se acabe con las «radios piratas».

Lo que no se publicita es que la Ley General Audiovisual no sólo reconoce y ampara las emisoras ciudadanas sin ánimo de lucro, sino que además insta a las administraciones del estado a garantizarles un espacio en el dial, de propiedad pública y a fomentar el ejercicio del derecho ciudadano a la libertad de expresión a través de las mismas.

Ahora el gobierno autónomo debe cumplir con su responsabilidad y desarrollar un reglamento específico en la Comunidad Autónoma de Aragón que garantice la existencia de las Radios Libres y otros medios de comunicación ciudadanos presentes y futuros. Por ello pedimos del gobierno autónomo:

  • Que elabore un censo de iniciativas de comunicación no lucrativas que las diferencie claramente de las emisoras piratas comerciales u otro tipo de emisoras con intereses económicos.
  • Que desarrolle un reglamento, a la mayor brevedad, que garantice la existencia presente y futura de los proyectos de comunicación social no lucrativos en la Comunidad Autónoma de Aragón.
  • Que consulte a estos proyectos de comunicación, como actores implicados, sobre sus necesidades, propuestas, inquietudes y condicionamientos técnicos de cara a la elaboración del reglamento sobre medios de comunicación ciudadanos y no lucrativos en nuestra comunidad autónoma.
  • Que la comunidad autónoma apoye, con los medios técnicos y humanos a su disposición, la necesaria adecuación técnica de las radios libres existentes a los condicionamientos emanados de la citada reglamentación.

No pedimos fondos públicos, ni parte en el negocio publicitario. No somos profesionales, ni nos planteamos la comunicación como forma de vida o de autoempleo. Somos tan sólo ciudadan@s, hoy nosotr@s como mañana serán otr@s, que con nuestro tiempo, dinero y trabajo mantenemos un micrófono abierto a tod@s y a todas las realidades.

Queremos ejercitar de forma directa nuestro derecho a la libertad de expresión sin intermediarios y sin intereses empresariales o políticos interpuestos; y queremos que las instituciones aragonesas garanticen ese derecho.

Siempre hemos tenido la palabra; ahora queremos los hechos.

Federación Aragonesa de Radios Libres – Registro Nacional de Asociaciones nº 1266
C/ San Vicente de Paúl, 26, 2º
50001 Zaragoza

Apdo. 818
50080 Zaragoza

 

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