Miércoles 23 de Enero 2013

Sólo ofrece acogida temporal o traslado a otra ciudad

LA ADMINISTRACIÓN APLICA UNA POLÍTICA DE PARCHES CON LAS PERSONAS DESALOJADAS DEL VIEJO CUARTEL DE BONREPÒS

Las organizaciones sociales que trabajamos con personas migrantes denunciamos que ninguna administración ha establecido medidas de atención continuada a colectivos vulnerables, como las y los inmigrantes del viejo cuartel de Bonrepòs. Al finalizar el periodo de acogida temporal que les han ofrecido, estas personas se verán sin techo y buscarán cualquier otro lugar donde malvivir.

Medio centenar de guardias civiles -incluidos una treintena de antidisturbios-, varias dotaciones de policías locales y unidades de agentes apostados en las cercanías se emplearon a primera hora de la mañana para desalojar unas instalaciones vacías. Las personas migrantes abocadas a malvivir desde 2009 en el antiguo cuartel abandonado de Bonrepòs comenzaron hace días a dejar lo que fue su “casa” ante la presión de las autoridades que les advertían que incurrían en un delito si se resistían a la orden judicial de desalojo, y el ofrecimiento de plazas en albergues o pisos, desplazamiento a otra ciudad o incluso el pago del billete de ida a sus países de origen. La mayoría de estas personas procedían de otros asentamientos o directamente de la calle, donde se vieron obligadas a vivir por la falta de recursos para pagar una vivienda. Muchos residían en Bonrepòs desde hace años y algunos llegaron este año para trabajar en el campo, pero la falta de locales para acoger a los trabajadores temporeros -ni el pasado año ni éste se han habilitado- les forzó a instalarse en el viejo cuartel.

Las organizaciones que integramos la Mesa de Entidades de Solidaridad con las y los Inmigrantes, la Campaña por el Cierre de los Centros de Internamiento para Extranjeros y el Foro Alternativo de la Inmigración denunciamos que las supuestas alternativas ofrecidas a este colectivo llegan tarde y no solucionan el problema. El asentamiento existe desde hace casi cinco años y ninguna administración se ha preocupado por la suerte de quienes allí estaban hasta que un juzgado ordenó el desalojo. Las propuestas de “acogida” son temporales y el traslado a otros lugares no garantiza condiciones de vida digna en el destino.

El desalojo de las y los inmigrantes de Bonrepòs pone una vez más en evidencia la negligencia de la Administración en su deber de proteger a estas personas que lo único que pretenden es cubrir sus necesidades de trabajo y vivienda. Ni el Gobierno central ni la Generalitat ni los ayuntamientos han establecido dispositivos de atención a estos colectivos especialmente vulnerables, que les permitan una plena integración en la sociedad valenciana en igualdad de condiciones con el resto de la ciudadanía. Se limitan a aplicar una “política de parches” que “soluciona” la situación momentáneamente. Cuando la “acogida oficial” se acaba, estas mismas personas se vuelven a encontrar en la calle y, consecuentemente, se verán obligadas a ocupar cualquier lugar vacío que encuentren aunque esté en pésimas condiciones de habitabilidad.

Además, muchas personas prefieren vivir en este tipo de asentamientos que en un albergue que no responde a sus necesidades por el funcionamiento interno de estos centros (horarios no compatibles con sus jornadas laborales, falta de espacio, imposibilidad de autogestión). Esto supone muchas veces que no puedan compatibilizar la vida en el albergue con los escasos trabajos a los que pueden acceder como única forma para ganar algo de dinero. Las organizaciones llevamos tiempo reclamando viviendas o albergues en condiciones que responden a las necesidades de supervivencia y culturales (vivir en grupo, cocinar juntos, etc.) de estas personas.

El desalojo de Bonrepòs le precedieron los desalojos del antiguo cauce del Túria, las naves de Macosa y la fábrica de Bombas Gens, y habrán  muchas más intervenciones de las Fuerzas de Seguridad en desalojos mientras hayan personas que necesitan un alojamiento adecuado a sus necesidades y mientras el Estado no asuma que tiene la obligación de garantizar unas condiciones de vida dignas a todas las personas que viven en esta sociedad.

Por todo esto creemos que el gran despliegue de medios efectuado por la Administración -numerosas plazas de acogidas temporales, posibilidad de traslados, operativo de fuerzas de seguridad- para erradicar el asentamiento de Bonrepòs obedece a un intento de ocultar el verdadero problema y evitar los incidentes que pudiera haber habido en el desalojo. Nos preguntamos de dónde se ha sacado el dinero para esta actuación cuando a las organizaciones sociales que trabajamos con las y los inmigrantes se nos adeudan las ayudas concedidas desde hace dos años. Si la Administración hubiera cumplido con sus compromisos, no se hubieran tenido que cerrar numerosos dispositivos de acogida gestionados por las organizaciones sociales y probablemente no hubieran existido asentamientos como el de Bonrepòs.

¿ Quereis saber como los  GRANDES MEDIOS  oficialistas trataron esta misma noticia ?

http://www.elmundo.es/elmundo/2013/01/23/valencia/1358976992.html