Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N.º 26.522

Martes 29 /2013: Los jueces de la Corte Suprema  de Argentina , afirmaron que 

«la concentración perjudica seriamente la pluralidad de opiniones» y dictaminaron que deberá haber una indeminización para el Grupo por las licencias.

Los hechos clave que dieron forma a la ley más debatida de la democracia

Desde la elaboración de los 21 puntos de Coalición por una Radiodifusión Democrática hasta el inicio del litigio del Grupo Clarín, un repaso por los hitos que marcaron la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

Podéis descargar la Ley en pdf

Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual N.º 26.522

27 de agosto de 2004: los “21 puntos”, el punto de partida

En coincidencia intencional con el Día de la Radio, la Coalición por una Radiodifusión Democrática (integrada por sindicatos de prensa, universidades, organizaciones sociales, radios comunitarias, pequeñas radios comerciales y organismos de derechos humanos) elaboró los «21 puntos básicos por el derecho a la comunicación”, una serie de pautas que apuntaban a conformar un sistema de medios de comunicación compatible con los tiempos democráticos, en el que se destaca que la radiodifusión no puede manejarse solamente como un negocio comercial y se establece que las frecuencias radioeléctricas pertenecen a la comunidad y deben ser administradas por el Estado.

16 de abril de 2008: la Presidenta Cristina Kirchner recibe a la Coalición

Poco después del inicio del conflicto con las patronales agrarias y el viraje del discurso del Grupo Clarín en relación con el gobierno, la mandataria empieza a proponer la sanción de una nueva Ley de Radiodifusión que reemplace a la de la dictadura, hasta entonces vigente. En ese marco recibió en el Salón Norte de la Casa Rosada a más de sesenta integrantes de la Coalición. “Es necesario un nuevo modelo de comunicación, entendida como un bien social y no como un negocio comercial, en el que tengan espacio todos y todas, no solamente las empresas de carácter comercial sino también los medios públicos, de gestión estatal, y los medios comunitarios, de propiedad social, de las organizaciones libres del pueblo. Creemos que es necesario poner límites a los monopolios y garantizar la libertad de expresión para todos los ciudadanos”, fue el mensaje de los comunicadores.

Al tomar la palabra, la Presidenta dijo que la ley vigente había quedado “éticamente impugnada” por ser un decreto de la dictadura y “técnicamente impugnada” por el avance en las comunicaciones y destacó que se incorporaría a la Argentina “al debate por la democratización de la información pública”.

“Tiene que haber libertad de prensa no solo para que un periodista diga lo que quiere, sino para que todos los ciudadanos puedan escuchar la opinión de todos. Porque éste es el verdadero acceso a la información”, dijo la mandataria, aunque aclaró: “Quiero hacerlo con debate. Porque lo que nos distingue a nosotros, quienes compartimos una militancia nacional y popular, es la no imposición al otro de lo que pensamos nosotros, sino esencialmente instalar el debate y la discusión con todos. Me encanta que estén todos ustedes hoy aquí, pero voy a invitar a todos”.

Julio-agosto de 2008: carta de la Coalición a la Presidenta y declaración de Diputados

El 30 de julio, la Coalición por una Radiodifusión Democrática envía una carta a Cristina Kirchner en la que solicita el envío de un proyecto de reemplazo de la Ley 22.285 y destaca que “el Estado tiene el derecho y el deber de ejercer su rol soberano para garantizar la diversidad cultural y pluralismo comunicacional”, que implique “asegurar la igualdad de oportunidades para el acceso y participación de todos los sectores de la sociedad a la titularidad y gestión de los servicios de radiodifusión” y señala: “Entendemos que para avanzar en la línea de la redistribución de la riqueza y profundización de la democracia, que Usted ha señalado reiteradamente, urge el envío del proyecto a la brevedad para su debate parlamentario”.
En la sesión del 20 de agosto de 2008, la Cámara de Diputados declara de interés los 21 puntos elaborados por la Coalición.
1º de marzo de 2009: Cristina Kirchner anuncia el envío del proyecto en la apertura de sesiones del Congreso

Cumpliendo con lo establecido en su plataforma electoral de 2007, en su discurso ante la Asamblea Legislativa durante el acto de apertura del 127° período ordinario de sesiones del Congreso de la Nación, la mandataria anuncia que enviará, durante ese año legislativo, un nuevo proyecto de ley de radiodifusión que reemplace al entonces vigente: “Enviaremos al Congreso todos aquellos instrumentos que las épocas y los tiempos exijan. Algunas viejas deudas también de la democracia argentina, como la reforma de la Ley de Radiodifusión, el cambio definitivo de eso, vieja deuda de la democracia”.

18 de marzo de 2009: presentación en sociedad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual

En un acto que se desarrolló en el Teatro Argentino de La Plata, la presidenta presentó ante la sociedad el proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, acompañada por el entonces interventor del Comfer, Gabriel Mariotto, funcionarios, legisladores y referentes de la comunicación.

“Si ustedes me dijeran qué espero como resultado de esta ley, diría que es que cada uno aprenda a pensar por sí mismo y decida pensar, no como le marcan desde una radio, desde un canal, sino que, precisamente, pueda acceder a toda la información, a todas las voces, a todas las creencias religiosas, a todas las creencias políticas para que, entonces, ese ciudadano pueda decidir a qué dios le quiere rezar, a qué partido puede ingresar, quién es el que no le gusta, quién es la que le gusta; en definitiva, yo creo que solamente podemos formar ciudadanos libres si esos ciudadanos tienen la posibilidad de formar su propio pensamiento”, dijo.

23 de marzo de 2009: comienzan los foros de discusión en todo el país

En una conferencia de prensa en la Casa Rosada se anuncia el inicio de los foros de discusión en los que se debatirá la nueva Ley, tal como había adelantado la Presidenta en la primera reunión con la Coalición. De la conferencia participaron Gabriel Mariotto; el entonces secretario de Medios, Enrique Albistur; los dirigentes sindicales Julio Piumato (CGT) y Tito Nenna (CTA); Manuel Baladrón, presidente de la Comisión de Comunicación de la Cámara de Diputados; Fabián Diesire, decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad de Rosario y presidente de la Red de Carreras de Comunicación; y Alejandro Verano, decano de la carrera de Periodismo y Comunicación de la Universidad de La Plata.

En esa oportunidad, Albistur denunció que ciertos medios de comunicación no estaban informando sobre el proyecto y anunció la creación de foros de discusión en todo el país, que comenzaron a desarrollarse en Chaco, Misiones, Entre Ríos, Córdoba, Salta, Buenos Aires (La Plata, Mar del Plata, Lomas de Zamora y Olavarría), Santa Fe, Mendoza , San Juan, La Pampa, Río Negro (Viedma y Bariloche), Neuquén, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Corrientes, Jujuy y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A pesar de la apertura del debate, los foros fueron criticados por miembros de la oposición, como la presidenta de la comisión de Libertad de Expresión de la Cámara de Diputados, Silvana Giudici (UCR), que sostuvo que eran parte de una “maniobra electoralista para asegurarse un discurso razonable ante las elecciones”, que se celebrarían en junio, y en las que el kirchnerismo sufríría una dura derrota. Para Giudici, el objetivo del gobierno era “extorsionar a los medios de prensa” e hizo un planteo un tanto antipopular: reclamó que el debate del proyecto se “haga en el lugar que corresponde”, en referencia al Congreso, cuya conformación iba a modificarse el 10 de diciembre.

Contrario a la denuncia de Giudici, los 24 foros y 80 charlas de discusión que se llevaron a cabo en todo el país, que se sumaron a cientos de cartas y correos electrónicos, derivaron en miles de opiniones que produjeron cincuenta modificaciones al texto presentado en La Plata.

27 de agosto de 2009: envío del proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual al Congreso

El texto, con las modificaciones realizadas en los foros, fue finalmente enviado al Congreso por la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Este proyecto no es de este gobierno, no es de un partido político, es de la sociedad, es también en nombre de los periodistas detenidos-desaparecidos durante la dictadura, que con su vida dieron testimonio de los que es el verdadero ejercicio de la libertad de expresión”, manifestó la mandataria.

Septiembre de 2009: audiencias públicas, modificaciones, media sanción y debates en las cámaras

El 3 de septiembre de 2009, Mariotto se presentó ante el plenario de las comisiones de Comunicación, Presupuesto y Libertad de Expresión, para defender el proyecto, responder las inquietudes de los diputados presentes y analizar pedidos de modificaciones. En ese plenario se resolvió, por 34 votos a 24, convocar a audiencias públicas en la Cámara de Diputados. La oposición propuso prolongar el debate por dos meses para discutir el proyecto, otra vez, en siete regiones del interior del país. El oficialismo los acusó de “entorpecer el debate” y “no querer tratar la ley” para favorecer al Grupo Clarín y los medios concentrados.

Las audiencias se llevaron finalmente a cabo los días 8, 9, 10 y 11 de septiembre y participaron académicos, trabajadores de prensa, especialistas en comunicación, sindicalistas, dueños de medios y referentes de la cultura, así como también representantes de la iglesia, de organizaciones sociales, de asociaciones de periodistas, de universidades, de asociaciones de empresas periodísticas y de pueblos originarios.

El 14 de septiembre, los miembros de la oposición organizaron una audiencia pública paralela en la ciudad de Mendoza, en la que participaron agrupaciones universitarias y vecinalistas, más diputados de la oposición y empresarios de medios. Contrario a lo esperado por los opositores, hubo un respaldo al proyecto del Ejecutivo.

Ese mismo día, la presidenta Cristina Kirchner anunció la eliminación de la autorización que se daba a las grandes compañías telefónicas para entrar al negocio de los medios audiovisuales, uno de los puntos más cuestionados, para lograr captar los votos de la centroizquierda en el parlamento y “desterrar cualquier duda sincera de algunos y las excusas que le pueden haber servido a otros para no tratar la ley”, según ella misma manifestó.

En el plenario de de las comisiones de Comunicaciones, Presupuesto y Libertad de Expresión, que se llevó a cabo el 15 de septiembre, el oficialismo presentó más de doscientas modificaciones al texto enviado el 27 de agosto. Se hicieron cambios en 101 de los 157 artículos del proyecto original, tanto de forma como de fondo, y se amplió la cantidad de artículos a 166.

Diputados

El 16 de septiembre, en una sesión especial de la Cámara de Diputados, se trataron los cinco dictámenes (uno por la mayoría y cuatro por la minoría) que surgieron del plenario.

Los bloques de la Unión Cívica Radical, la Coalición Cívica, el PRO y el peronismo manifestario objeciones reglamentarias y luego abandonaron la sesión. Finalmente, tras 14 horas de debate, a la 1:20 de la mañana del 17 de septiembre,89 el proyecto fue aprobado en general por 147 votos a favor, 4 en contra y 1 abstención.

Senado

La tarde del 21 de septiembre la tarde entró el proyecto de ley al Senado de la Nación, donde fue girado a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y a la de Sistemas, Medios de Comunicación y Libertad de Expresión por el presidente provisional de la cámara alta, José Pampuro.Sin embargo, tras un acuerdo entre el oficialismo y la oposición en una reunión de la Comisión de Labor Parlamentaria desarrollada el día miércoles 23 de septiembre, se decidió elevar a cuatro el número de comisiones intervinientes, sumando a las ya escogidas, la de Asuntos Constitucionales y la de Industria y Comercio. La decisión de Labor Parlamentaria fue luego sometida a votación en una sesión en el recinto del Senado, en la cual se apoyó de manera unánime la decisión de dicha comisión.

Luego de siete reuniones del plenario, de las que volvieron a participar especialistas y partes interesadas, el viernes 9 de octubre, minutos después de las diez y media de la mañana, se inició el tratamiento del proyecto con media sanción de Diputados. En una larga sesión que se extendió por aproximadamente veinte horas y finalizó el sábado 10 a las seis y diez de la mañana, el Senado de la Nación convirtió en ley el proyecto. El texto fue aprobado en general con 44 votos a favor y 24 en contra.

La Ley de Medios está en plena vigencia y ya vencieron los plazos de adecuación para el Grupo Clarín

Los jueces de la Corte Suprema afirmaron que «la concentración perjudica seriamente la pluralidad de opiniones» y dictaminaron que deberá haber una indeminización para el Grupo por las licencias.

La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró constitucional la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que implica que la norma entrará en plena vigencia luego de cuatro años de su sanción en el Congreso de la Nación. Estos son los ejes principales del fallo:

Libertad de expresión

Entre los aspectos clave, los jueces se refirieron a la libertad de expresión. A pesar de los abundantes argumentos del Grupo Clarín en torno a este aspecto en su reclamo por la inconstitucionalidad de la norma, el fallo asegura que con la aplicación de la ley «no se encuentra afectado el derecho a la libertad de expresión», sino todo lo contrario.

«En este contexto constitucional, es legítima una ley que fije límites generales a priori, porque de esa manera se favorece la libertad de expresión al impedir la concentración en el mercado«, sostiene el fallo.

En este sentido, explica que «en la medida en que las ideas y la información constituyen bienes que se difunden a través de los medios de comunicación, si hay concentración, sólo algunas ideas o algunas informaciones llegarán al pueblo, perjudicando seriamente el debate público y la pluralidad de opiniones».

Además, el fallo afirma que «no se ha probado que, al momento del dictado de la sentencia, exista una afectación actual de la libertad de expresión», por lo que «la ley es coherente con el derecho de los consumidores a la información (Art 42 CN) lo que significa el acceso a distintas fuentes plurales».

A pesar de la victimización del grupo liderado por Héctor Magnetto, los jueces afirmaron que «la ley 26.522 emanada del Congreso no establece reglas dirigidas a afectar a un sujeto y no a otros» y determinaron que «no ha sido acreditado que el régimen de licencias que establece la ley ponga en riesgo su sustentabilidad económica (del Grupo Clarín)».

Plazos y adecuación

Asimismo, la Corte se refirió a los plazos para ese proceso y dictaminó que «el artículo 161, cuyoplazo de encuentra vencido, es constitucional».

El 7 de diciembre del año pasado venció el plazo para la presentación del plan de desinversión que determinó el AFSCA. Para ese entonces, el Grupo Clarín presentó una nueva medida cautelar y evitó comenzar a adecuarse a la ley.

Ante la inminencia del fallo de la Corte, se especulaba con una extensión de este plazo para el monopolio mediático. Sin embargo, que el plazo esté vencido implica que desde el 7 de diciembre, Clarín se encuentra por fuera de la ley.

Por otra parte, el texto se refiere a la desinversión: “El modo de proteger estas licencias es la indemnización pecuniaria, pero de ningún modo implica que la ley no pueda ser aplicada».

Fuente : http://www.infonews.com

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mientras que en España , ocurre todo lo contrario…

¿ por que en España , NO hay una Ley de MEDIOS  , pluralista , que garantice la diversidad y desarticule a los monopolios de la comunicación e información ?