Concentración contra las declaraciones del Arzobispo de Valencia sobre las personas refugiadas y migrantes

migraresundret

La Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas se olvida a las personas inmigrantes.

Los programas de integración llevan medio año paralizados.

Desde el inicio de 2016, los programas dirigidos a la integración de las personas inmigrantes, que dependen de la Dirección General de Inclusión Social, se encuentran paralizados sin que haya noticias acerca de cuándo se pondrán en funcionamiento pasados más de 6 meses desde el comienzo del año.

Desde la Mesa d’entitats de Solidaritat amb els Immigrants, consideramos el abandono de estos programas por parte de la Generalitat Valenciana, como un ataque a los derechos de las personas inmigrantes que se encuentran en nuestra comunidad.

El colectivo de personas migrantes es uno de los que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad frente a la crisis económica que estamos sufriendo. En consecuencia, los servicios y programas de apoyo a las personas migrantes son imprescindibles para que puedan tener garantizados derechos fundamentales como la atención sanitaria, el empleo, la vivienda o el permiso de residencia.

Estos recursos de apoyo, ante la falta de fondos públicos, están siendo sustentados únicamente por organizaciones de la sociedad civil.

Esta situación afecta especialmente a la red de viviendas de acogida para personas y familias en situación en alto riesgo de exclusión, viviendas cuyos gastos (alquiler, suministros, cobertura de necesidades básicas) ya llevan adelantando las asociaciones estos 7 meses, poniendo en serio riesgo no sólo la existencia y continuidad de dichas plazas sino la de las propias entidades sociales que las gestionan (algunas entidades ya han manifestado la posibilidad de cierre de sus programas si los recursos públicos no llegan).

Es la primera vez en diez años que nos encontramos en una situación de carencia de convocatorias públicas, que permitan el mantenimiento de los recursos existentes, precisamente con un gobierno autonómico, que todos creíamos que no iba a permitir tal abandono de las personas más desfavorecidas y más necesitadas.

Así mismo, en los últimos meses, se han recortado los fondos públicos autonómicos dirigidos a las personas migrantes y se ha cerrado la Fundación CEIMIGRA que constituía uno de los centros de referencia para atención a las personas migrantes en la Comunidad Valenciana, sin haber generado alternativas de recursos previas a su cierre.

Lamentamos que la Generalitat Valenciana discrimine entre personas inmigrantes y personas refugiadas. Somos conscientes del posicionamiento del gobierno autonómico por los derechos de los refugiados, sin embargo su respuesta no ha sido igualmente firme hacia las y los inmigrantes.

Queremos recordarle al gobierno de la Generalitat Valenciana, que cuando a las personas refugiadas les es denegada la solicitud de asilo (cosa que ocurre desgraciadamente con demasiada frecuencia) quedan en la misma condición administrativa que las personas inmigrantes y la defensa de sus derechos dependen de los programas que se encuentran paralizados en estos momentos.

Desde la Mesa d’entitats de Solidaritat amb els Inmigrants, ante esta situación de emergencia social, exigimos a los responsables de la Dirección General de Inclusión Social, la puesta en marcha, de forma urgente, de los programas dirigidos a personas inmigrantes para el año 2016, necesarios para construir una sociedad intercultural con

igualdad de derechos sin importar el lugar de nacimiento.

Migrar es un derecho, no dejemos que lo conviertan en un problema.

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