Racismo institucional contra la población romaní en el Cabanyal

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Desde hace semanas se han ido detectando varios casos concretos que afectan a la población romaní del barrio del Cabanyal, tanto la rumana como la autóctona. El tema es muy complejo y no es fruto de la actual política del gobierno municipal y autonómico sino consecuencia de las gestiones de exclusión y rechazo que se llevaron a cabo durante el anterior gobierno liderado por Rita Barberá y su plan de exterminio del Cabanyal, sabemos también que la posición de las organizaciones y plataformas del barrio ha sido siempre conciliadora y he comprobado por mí mismo que la actitud ha sido también integradora, al menos en lo que se refiere a las posiciones oficiales como organización.

En lo que respecta a la población Rrom de Rumanía se están poniendo multas a diestro y siniestro, por valores entre 2000 y 5000 euros, a todos y cada uno de los miembros mayores de edad que habitan en la vivienda, dándose, por tanto, el caso de unidades familiares que pueden verse obligados a pagar como mínimo entre 4000 y 10.000 euros bajo la falsa acusación de ser una chatarrería ilegal cuando lo que tienen en casa, a falta de un almacén que podría solucionar estas cuestiones, es material por la cantidad de unos 10 ó 15 euros. Por otro lado la falta de conocimientos de español unido al analfabetismo hace que estas personas se les haga firmar denuncias de las cuales desconocen su contenido.

Por otro lado, el centro de salud está saturado y no da abasto para realizar los trámites necesarios para asegurar la atención sanitaria a la que tienen derecho, sobretodo los menores.

Esta población tiene a los niños y niñas escolarizadas y además pagan alquileres, en algunos casos desorbitados. La mayoría de estos contratos son estafas y los autores de los mismos, en su mayoría, son españoles, no son rumanos. Otros actos de otra índole también han ocurrido como actuaciones policiales de hostigamiento dirigidas a esta población con una desigualdad de trato frente a faltas similares cometidas por otros vecinos y vecinas que no pertenecen a este colectivo, por lo que se presume un hostigamiento policial por motivo de perfil étnico.

Por lo que atañe al colectivo kalé, en especial los que viven en el Bloque Ruiz Jarabo, las multas por temas relacionados con “enganches” a la red, estamos hablando de viviendas municipales, son también entre 3000 y 5000 euros en muchos casos por cada miembro de la unidad, mayores de edad, con lo que esta cantidad se multiplica por el número de miembros.

Además se han vivido varios casos de violencia policial también presumiblemente por perfil étnico, lo más reciente ha sido el caso de Margarita Díaz, vecina del barrio y con vivienda precisamente en este bloque, que ya vivió otro episodio de agresión hace un poco más de un año y que aparece en prensa, del mismo modo que aparecen grabaciones y denuncias publicadas en medios públicos con respecto al caso de Margarita Díaz, es algo objetivo e imposible de esconder o justificar.

Lo que se reclama desde ambos colectivos, así como de parte de los que intervienen con estas poblaciones, como es por ejemplo la Fundación Secretariado Gitano Comunidad Valenciana, es una respuesta administrativa y no quedarse de brazos cruzados ante esto, queremos buscar soluciones conjuntas que acaben con este tipo de injusticias y abusos, así como poner nombre y apellidos a los responsables de estas situaciones.

Es obvio y urgente que es necesaria la mediación como estrategia de intervención, algo que además ha manifestado el propio Ayuntamiento en las diferentes entrevistas y contactos que se han mantenido. La coordinación de toda la comunidad es otro punto a destacar, no es el problema de los gitanos y las gitanas es el problema del barrio, del modelo de barrio que se propone y del talante del mismo.

Sabemos que el actual gobierno municipal y autonómico está por una solución conjunta y en la línea que estamos marcando pero ahora es el momento de ponerse en marcha y demostrar lo que, por ahora, ha quedado como una declaración, muy positiva, de intenciones y darle forma a través de acciones.

La inacción, la pasividad implica una toma de posición también, la posición del consentimiento y la falta de solidaridad, así lo entendemos de producirse una falta de respuesta Administrativa ante un caso de estas características.

Permanecer impasible implica apoyar una política iniciada por el anterior gobierno autonómico y Municipal de expulsar de manera indirecta a la población romaní del barrio, de hecho el barrio de Orriols ya ha detectado esta migración romaní, proveniente del Cabanyal, a otros lugares de la ciudad y pensamos establecer coordinación con ellos en estos temas para parar esta manera de exclusión y persecución e intentar plantear soluciones que sean provechosas para todos y todas.

Demetrio Gómez, Cabanyal Reviu

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